El deber de trabajar

España es un país donde las leyes no se cumplen. Bueno, se cumplen cuando es para imponer multas, recaudar impuestos, o interpretar leyes de rando superior a la que cualquier ordenanza municipal, reglamento interno de un colegio, biblioteca o asociación de vecinos, pero de las subvencionadas, deroga por completo sin otra posible apelación que ir a los tribunales y esperar un fallo, y lo de fallo no es en sentido figurado, que puede demorarse varios años.

Todo español, ya sea de los buenos o de los del imperativo legal y el "me cago en la puta España", que queda muy moderno, traidor, desconsiderado hacia los antepasados, que más de uno se revolverá en su tumba, pero modernísimo, y oye, el bisabuelo que se joda por facha, no te digo, pues bien, el asunto es que todos hemos escuchado alguna vez aquello de: "la constitución declara el derecho al trabajo, a la vivienda, etc., etc.". Pues bien, en exclusiva mundial, aunque nadie lea este blog, aunque nadie se moleste en leer esto, en rigurosa exclusiva extratosférica, esa afirmación... es falsa.

Concretamente, el artículo 35 de la Constitución Española comienza así: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar...". El resto del artículo para mí ya viene a ser paja, aunque sí que es importante que se especifica que el trabajo será remunerado.


TODOS LOS ESPAÑOLES TIENEN EL DEBER DE TRABAJAR.

Eso es lo que pone en la Constitución.

Como cumplimiento a este mandato constitucional, nos encontramos que el Estado, en sus multiples facetas, todas inútiles y corruptas, ha conseguido y hace los siguiente:

- España tiene el doble de paro que la media comunitaria, las cifras son de 4 millones de parados.

- El Estado, CC.AA y municipios, pagan, en función de sus competencias, ayudas sociales que en muchos casos llevan aparejado el DEBER de no tener ningún ingreso. Es decir: se te paga algo con la condición de que no trabajes, o de que lo hagas gratis, que en parte también viola el art 35.

- En España se paga a los jóvenes, por el mero hecho de ser jóvenes y estar mal pagados, una paga para que puedan vivir su vida. Lo llaman ayuda al alquiler. Una vez más, se da dinero a cambió de nada y se subvenciona con dinero público el trabajo precario.

- El Estado paga un subsidio de paro a quienes lo han cotizado. La condición es la de no tener trabajo, es decir, no trabajar. Si trabajas y lo cobras, o estás defraudando o es porque has encontrado un trabajo a tiempo parcial.

- Una vez acabado el derecho a cobrar este subsidio, el Estado también paga 426 euros, si se cumplen unas determinadas condiciones, pero por no hacer nada. Si se trabaja y se cobra este subsidio, se está defraudando al Estado.


Hay más supuestos. Que nadie piense que en España el Estado regala el dinero. Los subsidios son miserables, una limosna, hay que cumplir unos determinados requisitos, son temporales y requieren un largo proceso administrativo. En realidad es más fácil que cobre un subsidio un extranjero que un español, pues los extranjeros disponen de asociaciones y bufetes de abogados que por amor a la humanidad, les asesoran gratuitamente sobre todo lo necesario, mientras que los españoles han de buscarse la vida por su cuenta y están más sólos que la una ante su lucha con las administraciones.

Hay que decir, para los despistados, que la Ley de Extranjería española da a los extranjeros, una vez que están en territorio español, los mismos derechos que a los españoles absolutamente en todo menos en el derecho a voto. Además, los españoles están sujetos a los derechos y a las obligaciones les impone la Ley hacia su país. Los extranjeros, como extranjeros, no tienen ninguna obligación hacia España, sólo se les exige que no incumplan las leyes. Aunque bueno, si no las cumplen, tampoco se les expulsa. Todo lo contrario, ingresar en prisión, en libertad condicional, es una forma para cobrar el paro, o dejar pasar los meses, y regularizar una situación de estancia ilegal.

Sería largo y triste, muy triste, contar todas las leyes malas y absurdas que tenemos en España, pero lo más malo y lo más triste, es que los políticos utilizan el dinero público para violar la Constitución. En concreto, el artículo 35 no es que no se cumpla, es que el Estado fomenta con dinero público su incumplimiento.